Desde 1978 se han intervenido en España más de dos docenas de bancos y algo más de quince cajas de ahorros. Se trata de una cifra alta para cualquier sistema financiero y que además ha tenido grandes costos para el Estado.
Sólo las tres últimas intervenciones, que se relacionan directamente con la crisis, han significado un desembolso de más de 17 mil millones para las arcas fiscales; pero también se dispone de un fondo de cerca de 15 mil millones para futuras operaciones.
El objetivo de estas intervenciones es reordenar y fortalecer el sistema financiero, favoreciendo la agrupación y fusiones, de las cajas de ahorro, o su control por entidades financieras. Ahora bien, para realizar esto, el Estado entrega capital que finalmente va a favorecer al nuevo controlador, y del cual no es posible esperar retornos suficientes.
Especialmente, en el escenario de déficit fiscal, vale la pena preguntarse si es una buena inversión por parte del Estado esta capitalización a la banca privada; pues si el objetivo es proteger el crédito, en la práctica lo que se protegen son las rentabilidades de los inversionistas. Un ejemplo interesante es de la caja Castilla la Mancha, donde se aseguró una rentabilidad cercana al 4%, a los inversores, un monto especialmente elevado para el contexto económico y que sin embargo cerró el crédito por un periodo especialmente largo y lo reactivo en forma menor, y con condiciones especialmente altas.
Por otra parte, el mismo problema de déficit fiscal, implica repreguntarse por los modos de financiamiento del Estado, en tal contexto. ¿No sería un paso más lógico, pensar en recuperar la capitalización al menos a largo plazo? No se trata de dejar caer la banca; sino, de no financiarla a expensas del empobrecimiento estatal, especialmente si el déficit fiscal parece ser el gran problema para la recuperación económica. En otras palabras, es necesario pensar la capitalización de la banca como participación nacional en la misma y como elemento estructural del presupuesto del Estado.
