Hoy el país ha amanecido con la noticia de que la Casa del Rey, ese ente abstracto al que todos parecen querer referirse con tal de no señalar con el dedo a Juan Carlos I, conocía de primerísima mano los negocios de Iñaki Urdangarín. De hecho, casi todos los periódicos más importantes de España indican que ya en 2006, el ente abstracto encargó una investigación sobre las actividades del yerno del monarca.
Al parecer la investigación se llevó a cabo a través de un gabinete de abogados externo, que tras haber llegado a la conclusión de que el marido de la Infanta Cristina se lucraba con sus organizaciones “sin fines lucrativos”, desaconsejó que continuara con la puesta en marcha de alguna Fundación respetable, de esas que presiden o han presidido las hijas del rey y que, en el caso del duque, pudiese servir para poner un poco de orden en sus cuentas.
Al parecer las pesquisas de los asesores externos concluían en que aquello no tenía arreglo y que mejor que no se siguiera adelante con lo de la fundación porque todo parecía indicar que en lo de lucrarse, el yerno se lucraba.
Imagino que la Casa del Rey, el ente, pondría en conocimiento del monarca el resultado de todas sus pesquisas. Es más he de suponer, igualmente, que el ente no se mete en esos berenjenales sin que alguien se lo ordene y, rizando el rizo de las suposiciones, me imagino que a la Casa del Rey no le ordena cualquiera… digo yo.
El caso es que sea como fuere y llegados a este punto, de nuevo el ente aconsejó a Urdangarín que abandonara el Instituto Noós (porque se lucraba) y se buscase un trabajo por cuenta ajena y fuera del reino. Lo cierto es que Cristina y consorte en esto del ducado, se largaron a Washington, donde han pasado unos años como desaparecidos en combate.
Y digo yo, ¿acaso una de las primeras obligaciones del rey no es la de acatar y hacer cumplir la Constitución y las leyes del país del que es Jefe del Estado? ¿Cómo entonces se ha permitido el lujo de sospechar, investigar y sopesar informaciones cuanto menos poco morales y supuestamente delictivas y no comunicarlas a la Justicia?¿Cómo puede el rey hacer dejadez de una de las obligaciones de cualquier ciudadano y no poner en conocimiento de las autoridades competentes, la sospecha de un posible delito? ¿Es en ese caso Juan Carlos I un encubridor, como podría serlo su hija Cristina, si es que esta no es también cómplice? ¿Por qué no se le piden cuentas al rey y se le exige de una vez que aporte cuanto sabe y que actúe como un defensor de los intereses de España? ¿Hasta dónde estamos dispuestos los españoles a permitir, encima en momentos económicamente tan duros para millones de familias, que la Casa del Rey se pase por el “forro” el bien colectivo y el orden público?
Si el rey lo supo, el rey debió denunciarlo.
