El comité de ministros ya ha acordado congelar el salario mínimo. Se trata de una mala noticia; aunque su impacto es mayormente político que económico; pues apenas alcanza a unos 130 mil trabajadores es decir, menos del 0,5% de la fuerza laboral activa. El impacto económico es nulo en términos de ahorro, pues estos 130 mil trabajadores no se encuentran en el Estado; sino en la empresa privada.
Sin embargo se trata de una señal política profundamente errada, pues el reajuste del salario mínimo, al menos según el incremento del IPC, es la base de negociación del incremento salarial en su conjunto.
Congelar el salario mínimo, en términos puramente económicos, significaría reajustarlo según el IPC; por el contrario, si el IPC sube y el salario se mantiene, lo que sucede realmente es que el salario baja, pues pierde poder adquisitivo.
Con esta medida el Estado no ahorra y entrega una señal equívoca. Por una parte, le dice a los empresarios, que la vía de abaratar en salarios es una vía adecuada, lo cual es una equivocación gigantesca. Pero además, el gobierno envía una segunda señal y es que está dispuesto a sacrificar a la población, incluso admitiendo el empobrecimiento de los trabajadores menor pagados del país.
Se trata de una medida tan inútil e innecesaria, como conflictiva. Con ella el gobierno se anota un punto en contra sin necesidad ni provecho alguno.
