La base de argumentación de la patronal es que esto resta competitividad a las empresas españolas respecto al contexto europeo. Por otra parte, la argumentación de los sindicatos se basa en que esto rebajará el poder adquisitivo de los salarios. Ambos argumentos son razonables por lo cual es necesario mirar el problema de modo más amplio.
Para mantener el poder adquisitivo de los salarios, no hay otra medida que sea mantener el ajuste por IPC nacional. En cambio, para el aumento de competitividad, es posible considerar una serie de otras medidas factibles. En primer lugar, es necesario entender que no todas las empresas compiten en el contexto europeo; y en segundo lugar, esta falta de competitividad puede enfocarse desde el estímulo sectorial. Ambos temas, el empleo y la competitividad, están relacionados; pero ahora es el momento de discutir sobre el empleo. La propuesta de la patronal confunde deliberadamente el objeto de la negociación para conseguir algunas ventajas adicionales. Del mismo modo, como se argumenta la baja de competitividad, podría argumentarse lo contrario, que la baja del poder adquisitivo reduce el consumo interno, ambos efectos económicos negativos.
En este caso, le toca el turno al gobierno que debería defender la no congelación, y el ajuste según IPC, y a la vez ofrecer un paquete de medidas distintas para la competitividad, en orden a destrabar las negociaciones. Es un momento en que se probará la capacidad de negociación y la creatividad técnico-económica del nuevo gabinete.