El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha presentado las líneas de la reforma financiera del Gobierno de Mariano Rajoy. En resumidas cuentas, el presidente del Gobierno pretende sanear el sistema financiero español, obligando a los bancos a librarse del lastre del ladrillo y hacer que la bolsa inmobiliaria en manos de la banca comience a ser considerada como posibles pérdidas, en lugar de patrimonio positivo.
La reforma se anuncia tan sólo un día después de que Emilio Botín, presidente del Banco Santander, incitara al gobierno a empreder esa reforma inmediatamente y, curiosamente, sigue la senda que el banquero anunció que aplicaría en su propia entidad financiera.
Según el ministro de Economía con estas medidas el precio de la vivienda deberá reducirse hasta el 35% y con ello el mercado inmobiliario será más asequible. Sin embargo, lo que Luis de Guindos no explica es cómo van a acceder a esas viviendas los ciudadanos cuya media de ingresos está en torno a los 20.000 euros y una bolsa de parados de 5 millones de personas.
Estos datos nos hablan de candidatos no aptos para la adquisición de créditos, al mismo tiempo que la bajada, según los expertos, seguiría siendo insuficiente y demasiado lenta.
El titular de Economía ha afirmado que los bancos no podrán contar de nuevo con dinero público, aunque sin embargo sí que ha remarcado que podrán acudir al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), lo que en el mundo real se traduce en una nueva inyección de dinero público para la banca, ya que de este fondo, el 75% de sus aportaciones son procedentes de los Presupuestos Generales del Estado.
Por si todo esto fuera poco, los bancos podrán obligar a bajar los precios de los propietarios particulares de viviendas quienes, sin embargo, si se encuentran afrontando una hipoteca desde hace menos de 15 años, no podrían asumir ese abaratiento pues en ese caso no conseguirían cubrir los gastos de los créditos hipotecarios. De este modo la panacea no está únicamente en que las entidades saquen sus viviendas, también se necesita que se les obligue a renegociar las condiciones de las hipotecas concedidas con anterioridad y adecuarlas a la realidad y obligarles a abaratar los créditos e imponerles la concesión de préstamos y por supuesto todo ello sin dinero público.
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