Luis de Guindos el actual Ministro de Economía, declaró que se recortará un 40% en inversión pública. Además de las deudas de las comunidades y organismos públicos con los acreedores, esto implica un impacto directo en una serie de empresas y por supuesto en el empleo, que probablemente vaya a caer en 0,4 puntos si estas medidas se concretan, eso significa unos 150.000 empleos menos.
¿Cuál es la ventaja de este tipo de medidas? Lo evidente, se trata de ajustar el déficit y cumplir con las metas de recortes. A la vez esto implica abandonar las medidas para la recuperación, o esperar que ésta llegue con el tiempo o con la inversión privada que de algún modo debiera recuperarse. Sin embargo se trata de supuestos muy poco claros, y de hecho la experiencia muestra lo contrario. Las empresas que tienen capital no están invirtiendo, sino reforzando caja. Probablemente con la reforma laboral esta tendencia del empresariado se acentúe, lo que le traerá mayor rentabilidad a corto plazo y un impacto positivo en el PIB, también a corto plazo. Sin embargo la calve de la recuperación es el consumo interno, lo que es insostenible fomentando el desempleo.
El camino necesario es precisamente todo lo contrario, hay que aumentar la inversión pública y agilizar el pago a proveedores. Para abrir el crédito es necesario tomar medidas de flujo directo y abandonar la tesis de que las entidades financieras en la medida que se tranquilicen reabrirán el crédito. España está en una situación de emergencia social y se requiere intervención directa del Estado, no que se retire.
