El Gobierno pretende inyectar liquidez a los comercios, sobre todo PYMES, que han estado sirviendo como proveedores a las Administraciones Públicas, en concreto a las Comunidades Autonómicas. Para ello ha ideado y vendido un macroproyecto que incluye el pago a estas empresas que en muchos casos llevan años sin cobrar, dato que por otro lado también ha supuesto la quiebra de bastantes empresarios, sobre todo de aquellos pequeños a los que la morosidad de las Instituciones Públicas ha condenado a la desaparición y a engrosar la lista de embargados, parados, desalojados…
Ahora ya podrán cobrar sus deudas. Una noticia fantástica para todos, si no fuera porque la letra pequeña del proyecto presentado por el Ejecutivo, les obliga a renunciar a casi todos sus derechos si quieren que les coloquen en la lista de cobradores.
Eso es por lo menos lo que se deduce, con toda claridad, de la documentación que el Gobierno ha entregado a las CC.AA. y en el que se cita textualmente que “el abono a favor del proveedor conlleva la extinción de la deuda contraída por la comunidad autónoma con el mismo por el principal, los intereses, costas judiciales y cualesquiera otras gastos accesorios”. Asimismo señala que “las entidades de crédito facilitarán a las comunidades autónomas y a los proveedores documento justificativo del abono, que determinará la terminación del proceso judicial, si lo hubiere, por satisfacción extraprocesal”.
Pero el gesto del gobierno del Partido Popular no se queda ahi, también vincula la participación de cada Comunidad Autónoma a un informe positivo por parte del Ministerio de Hacienda, lo que se traduce en que los proveedores de dichas entidades sólo podrán cobrar si la institución autonómica acepta las condiciones y recortes que se les imponga desde el gobierno central.
Imagen: CEPYME Aragón
