Prohibido ser pobre, así lo ha decidido el primer edil del Ayuntamiento de Valladolid, que multará hasta con 1.500 euros a los indigentes que se atrevan a pedir limosna. En este apartado hemos de suponer que no entran los pobres bancosque, en situación de precariedad, nuestros gobernantes rescatan y ayudan a diario para que puedan seguir manteniéndose en el entorno financiero.
El castigo a los pedigüeños se enmarca dentro de una singular normativa “antivandalismo”, modificada por el consistorio vallisolitano, con el objetivo -según dicen- de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Imaginamos que aquí tampoco se refiere a la de los indigentes.
En un país en el que el índice de paro se ha disparado y ha superado los cinco millones de personas, los desalojos, desahucios y embargos se han convertido en la principal pesadilla de las familias españolas. Existen más de 30.000 personas sin hogar, según el último informe de Cáritas; somos el país más pobre de la U.E, sólo superados por Letonia y Rumanía, según el estudio de la Fundación Foessa; y tenemos a 11,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social.
Con esos datos en la mano el Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la medida, con los votos en solitario del PP. No imaginamos cómo piensan cobrar las multas, tal vez una idea podría ser resucitar la antigua ley de vagos y maleantes, que acababa con este tipo de personas molestas y ociosas en la cárcel.
Haría falta que este tipo de dirigentes públicos pusieran el mismo empeño que dicen poner en luchar contra “las mafias de la mendicidad”, en luchar contra las mafias de la corrupción, tal vez de esta manera habría menos gente mendigando.
Imagen: Eresmadrid/Kike Ibáñez
