Hace unas semanas, el Gobierno, a través del Consejo de Ministros, aprobó una prorroga de la moratoria contable que aprobó el anterior Ejecutivo socialista, que pretende evitar el cierre de un gran número de promotoras inmobiliarias. Con esta norma, las inmobiliarias no tienen que asumir las perdidas en el valor de sus pisos o terrenos, lo que supondría que muchas de ellas estuvieran en causa de disolución.
La entrada en vigor de esta prorroga implica el reconocimiento de que el banco malo, conocido como Sareb, va a suponer un nuevo descenso en los precios de las viviendas, un precio que ha bajado un 22% desde el inicio de la crisis.
Pero no solo el Sareb genera dudas en el sector del ladrillo en nuestro país. El servicio de estudios del BBVA, a través de su informe sobre la evolución económica de los primeros tres meses de este año, afirma que “el mercado deberá enfrentarse a nuevas circunstancias que añadirán incertidumbre como el proceso de reestructuración del sistema financiero, la puesta en marcha de el Sareb, la eliminación de las ventajas fiscales a la compra y la subida del IVA, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la nueva regulación para las Socimi“, a los que hay que añadir la falta de flujo de crédito y la enorme tasa de paro de nuestro país, que impide a muchos comprar un piso por no tener capacidad económica propia y tampoco poder recurrir a la financiación de un banco en unas condiciones dignas.
Pero no todo va a ser negro en este panorama. El stock de viviendas nuevas sin vender se está reduciendo, algo básico para que la construcción vuelva a funcionar, ya que sin colocar los pisos terminados, ningún constructor va a acometer nuevas promociones.
La reducción es significativa sobre todo en zonas como Madrid, Navarra, Cantabria y País Vasco, regiones en las que las viviendas nuevas vacías son el 2% del parque de viviendas total, frente al 4% de media nacional.
