Y algunos de vosotros os preguntaréis, ¿eso qué es? De momento no lo tenemos muy claro, pero lo que sí sabemos es su objetivo, el cual, según palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, consiste en que “las rentas de las Administraciones Públicas no deben estar sometidas al IPC, sino a otras variables”.
Esta nueva ley supone que las pensiones públicas dejarán de tener el índice de Precios al Consumo como referente, pasando así a depender de otros factores aún no identificados que tampoco nos asegura mantener el poder adquisitivo de los pensionistas.
Es más, el ministerio de Economía Luis de Guindos no ha tardado en recordarnos que, para el ejercicio actual, las pensiones mínimas han subido un 2% mientras que la inflación no lo ha hecho tanto, con lo que hay una especie de ‘distorsión’. Es decir, que en el futuro las revalorizaciones de las pensiones se marcaran por otras variables que no serán tan “generosas” como el IPC.
Pero eso no es todo, porque además de empezar a tocar las pensiones en sus medidas de recortes, el Gobierno hace hincapié en lo que llaman ‘resolución del factor de sostenibilidad’, un índice que servirá como referencia para el cálculo del importe de las pensiones públicas. De nuevo desconocemos este índice… probablemente lo darán a conocer antes de este verano.
Imagen: elmundo
