La banca española, y en particular las entidades nacionalizadas por sus problemas de supervivencia, son, junto al paro, los asuntos de nuestro país que más interesan a los analistas financieros internacionales y a los posibles inversores en España.
La troika comunitaria, que visitó España hace unos días, señaló que la reforma financiera de nuestro país se sitúa por el buen camino, pero no está exenta de riesgos por la situación de crisis económica que atraviesa el país y por los desajustes que aun se dan en el mercado del ladrillo.
Se rumorea que el Gobierno español tiene intención de pedir unos 10.000 millones suplementarios, a los 41.000 ya empleados del rescate bancario, para terminar de solucionar los problemas de los bancos que tuvieron que ser salvados por el sector público. En cualquier caso, y en la palabras de Luis Maria Linde, gobernador del Banco de España “el Gobierno tendrá que tomar una decisión, y supongo que será en octubre“.
Para esas fechas se supone que la economía ya marcará una tendencia de evolución clara, y por si fuera poco, algunas entidades que ahora mismo tienen un futuro incierto, como el BMN, Ceiss o Liberbank tendrán más claro la necesidad o no de ayuda pública.
Ahora mismo, los cálculos realizados anteriormente no sirven de nada, la economía continua empeorando su datos, y alguien tan importante como Ángel Ron, presidente del Banco Popular apuntó hace unos días que su entidad analizará de nuevo los objetivos que tenia previsto para 2013 y 2014.
Si hiciera falta pedir más dinero para sanear los balances de los bancos con problemas, la fecha límite es el 31 de diciembre de este año, momento en el que caduca el programa europeo de ayuda a la banca española.
