Un estudio realizado por Billentis, para la conocida empresa de impresoras Ricoh, señala que el conjunto de las administraciones públicas de nuestro país tiene capacidad para ahorrar 1.800 millones anuales mediante la puesta en marcha de la factura electrónica en sus transacciones.
El 50% de esa cantidad, unos 900 millones de euros, se podría ahorrar en la administración local, compuesta por ayuntamientos y diputaciones, ya que el informe afirma que los niveles más pequeños de la administraciones son los mejor preparados para implementar la facturación electrónica.
De este modo, y dando cifras concretas, ayuntamientos como Zaragoza, Sevilla o Málaga podrían ahorrar unos 15 millones de euros al año cada uno, una ciudad más grande, como Barcelona, ahorraría unos 55, y la capital de España reduciría su gasto en unos 80 millones anualmente.
Los autores del estudio se muestran plenamente convencidos de que las comunidades autónomas, en su conjunto, podrían ahorrarse unos 700 millones de euros y la administración central otros 200, además de producirse un “efecto contagio” de la facturación electrónica hacia la empresa privada, dado que entre el 45% y el 65% de las empresas locales son proveedoras, de una u otra manera, de las administraciones públicas existentes en ese territorio.
En el conjunto de Europa, el informe cuantifica el ahorro, en caso de implantarse la factura electrónica en todas y cada una de las administraciones públicas, en unos 40.000 millones de euros, cifra que aumenta hasta los 243.000 millones de euros si se suma el sector privado, ya que está demostrado que el ahorro con esta modalidad de pago es alrededor de un 70%.
La propia Comisión Europea ha informado que durante el periodo que va de 2016 a 2020, la factura electrónica debería ser la mayoritaria, aunque en la actualidad hay importantes trabas para su puesta en marcha, como pueden ser los “requerimientos legales confusos y el hecho de trabajar con terceros que únicamente aceptan facturas en formato tradicional“.
