Los ministros de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, junto al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, se han reunido hoy mismo en Londres para desarrollar ante los inversores el contenido de la normativa energética anunciada hace ya unos días y que entrará en vigor en los próximos meses. Este encuentro entre ministros e inversores está organizado por el banco de inversión Goldman Sachs.
Con esta medida se tratará de calmar a los inversores de las compañías de energía renovables de nuestro país. Esta reforma ha causado graves problemas, pues los analistas internacionales estudian la manera de emprender acciones legales contra España por esta cuestión. De hecho, ha sido criticada por las empresas, tanto tradicionales como renovables.
El punto principal de la misma es un ajuste de 4.500 millones de euros anuales que serán asumidos en gran parte por las compañías, pero también por el Estado y por los consumidores, con una subida desde el mes que viene en la tarifa de un 3,2%. El objetivo es “equilibrar al sector eléctrico y evitar futuros desequilibrios”, es decir, que no se acumule más déficit de tarifa a los ya existentes, que ascienden a 26.000 millones de euros , según Industria.
Mientras esto ocurre en Londres, hay que recordar que en nuestro país, las asociaciones más importantes de renovables, como son Anpier, APPA, Protermosolar y Unef han denunciado que estos cambios son «gravemente retroactivos y quiebran la seguridad jurídica del país»
Esta quiebra, al mismo tiempo, es la que llevará al fin a numerosos inversores, que se verán obligados a “entregar sus instalaciones renovables a las entidades financiadoras, es decir, a los bancos, al no poder afrontar el servicio de la deuda”. Para ellos, no es otra cosa que el comienzo de una “expropiación encubierta“.
