Al menos eso es lo que ha ordenado el juez responsable de la vigilancia de movimientos de la infraestructura desde hace tres años, momento en que el aeropuerto entró en concurso de acreedores. El magistrado acaba de ordenar a la administración del concurso que haga una relación de bienes para vender la masa activa de la infraestructura.
Como ya he mencionado, la venta se hará mediante subasta con un pecio de partida de 100 millones de euros. Si no hubiera comprador se celebraría una subasta privada de la cual, en caso de ser infructífera también, daría paso a la subasta judicial.
Poniéndonos en el caso de que el aeropuerto obtuviera comprador, ni de lejos se alcanzaría el dinero suficiente para solventar los problemas de deuda que soporta. En el primer informe concursal se estableció una deuda de 319 millones de euros pero en febrero de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) sentenció que el justiprecio establecido en las expropiaciones de los terrenos circundantes al aeropuerto era muy inferior al aplicado. Vamos, que se sumaron otros 210 millones a deber. A fecha de hoy, la deuda asciende a 529 millones de euros.
Si ocurriese la venta, los primeros en cobrar serán los administradores concursales que han gestionado el aeropuerto estos últimos tres años (cerca de dos millones de euros por cabeza); después irían los 71 trabajadores despedidos en el último ERE y, por último, los proveedores del aeropuerto.
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