España considera que Gibraltar es un paraíso fiscal y que eso perjudica a sus arcas públicas, pero ni la Unión Europea ni la OCDE están de acuerdo con esa idea. Para estos organismos la transparencia fiscal gibraltareña está a la misma altura que la española, dado que en los últimos años las autoridades de peñón han ratificado una serie de convenios fiscales con estados de la UE y su nombre ha sido borrado del listado de paraísos fiscales.
Para Miguel Ferre, secretario de Estado de Hacienda del Gobierno español, Gibraltar es un ejemplo claro de paraíso fiscal, ya que no intercambia información tributaria con otros países de una forma organizada y su tributación es baja o incluso nula.
La colaboración fiscal entre España y Gibraltar no existe, por lo que los defraudadores de nuestro país tienen un enclave perfecto donde depositar su dinero, dado que la legislación gibraltareña permite crear empresas y mover allí sus beneficios, esquivando los controles tributarios españoles. Esto impide al ministerio de Hacienda conocer si las empresas gibraltareñas o los fondos de inversión del peñón son en realidad su subterfugio de origen español, algo que quedó claro al desarticularse la mayor red de blanqueo de dinero de nuestro país, en la operación “Ballena Blanca“.
El problema actual con Gibraltar, con controles exhaustivos por parte de la Guardia Civil de todos los vehículos que salen o entran a la roca, incide en el desacuerdo, en materia fiscal, entre los dos lados de la verja. En los últimos años nuestro país ha firmado acuerdos de colaboración con otros territorios que dependen del Reino Unido, pero con Gibraltar es imposible ya que España no reconoce Gibraltar como territorio ingles y el Gobierno no está dispuesto a firmar nada con una porción de tierra que considera como propia. Esta situación permite que Gibraltar siga siendo un gran pozo de dinero negro español, dado que en el peñón no se paga IVA y el Impuestos de Sociedades es únicamente del 10%.
