El Gobierno aprobó hace unos días el proyecto de ley de reforma de las pensiones por el que la revalorización de las mismas se desvincula del Índice de Precios de Consumo. Las subidas de las pensiones con la nueva norma, que se usará ya en 2014, serán de un 0,25% en aquellas anualidades en las que las cuentas públicas no vayan bien y de un 0,25% más el IPC si son tiempos de bonanza.
Con esos cálculos y tomando como ejemplo lo esperado para 2013, en el que el Gobierno prevé una inflación del 1,5% y seguiremos en crisis, con un control férreo del déficit público, los pensionistas tardarán cinco años, de los denominados “buenos”, para recuperar el poder adquisitivo perdido en un año “malo”.
El factor de sostenibilidad del sistema de pensiones por el que se ha decantado el Ejecutivo central se basa en los gastos e ingresos de la Seguridad Social, la cifra total de pensionistas, la proporción entre la pensión de los nuevos pensionistas y los que acaban de fallecer, y todos estos factores presentan en la actualidad cifras negativas.
Para el único miembro del Comité de Expertos que votó en contra del factor de sostenibilidad, Santos Ruesga, la subida de las pensiones en un plazo de cuatro o cinco años solo será de un tercio de la inflación acumulada, por lo que señala que “es muy difícil que lo que pierdes durante la época de crisis lo vayas a recuperar en las épocas de bonanza“.
De esta manera, el factor de revalorización de las pensiones implica que cuando un jubilado comience a cobrar su pensión, esta le será disminuida en el mismo porcentaje en que aumente la esperanza de vida a los 67 años. Este cambio entrará en vigor en 2019 y la actualización del dato se hará de forma quinquenal.