El Ejecutivo español continua su cruzada contra el déficit público y, en este sentido, ha elaborado un informe en el que recoge 120 medidas que evitarían duplicar servicios entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, así como el ahorro de 230 millones de euros en tres años.
El documento propone eliminar la figura del Defensor del Pueblo de las once autonomías que aun lo mantienen. Con esta supresión, el ahorro trianual seria de más de 90 millones de euros y permitiría optimizar los recursos existentes para que los ciudadanos fiscalicen la actuación de las administraciones, ya que cada queja a un Defensor autonómico cuesta 78 euros, mientras que en el Defensor del pueblo nacional es coste es de 19 euros.
Otra propuesta del informe consiste en la supresión de los Tribunales de Cuentas autonómicos, lo que ahorraría, en el mismo periodo de tres años, un total de casi 137 millones de euros. El Gobierno de Mariano Rajoy justifica esta idea por la poca actividad de esos organismos, la inexistencia de Tribunal de Cuentas en algunas autonomías y la dispar organización que tienen en cada territorio.
El Ejecutivo central sugiere también eliminar la Autoridad Catalana de Protección de Datos y la Agencia Vasca de Protección de Datos, lo que supondría una reducción de gastos acumulados en tres años, de 7,5 millones de euros.
En la misma línea de suprimir duplicidades, el estudio propone la eliminación de los organismos autonómicos que cumplen la misma función que el Centro de Investigaciones Sociológicas y que existen en Cataluña, Euskadi y Andalucía, y que ahorraría, siempre hablando de un periodo trianual, 4,85 millones a las arcas publicas de esas comunidades autónomas.
