El Gobierno español aprobó el año pasado un plan a proveedores que buscaba pagar las deudas de las administraciones públicas y dejar esa cuenta a cero. Desde que comenzó la crisis, los proveedores vieron cómo se alargaban sus plazos de cobro si el deudor era una administración pública, actitud que acordaron estas para tener más liquidez ante la reducción de ingresos.
Esta situación se daba a pesar de una ley de 2010 que estipulaba los plazos en los que pagarían las administraciones a sus proveedores, reduciendo progresivamente esos tiempos hasta hacerla similar a los negocios privados. De esta manera, desde el próximo año, los pagos no podrán retrasarse más de 60 días si se trata de empresas privadas y de 30 si son administraciones. Estos plazos son muy restrictivos respecto a la situación actual, ya que las administraciones públicas pagan a una media de 141 días, y las empresas a 93.
El Gobierno, ante esto, ha creado un nuevo plan de pago a proveedores para las facturas que se han ido generando desde comienzo de 2012 al 31 de mayo de este año, y al mismo tiempo, ha ideado un sistema para evitar nuevos impagos.
De esta manera, las facturas que no sean pagadas por las administraciones, lo serán por el ministerio de Hacienda, que posteriormente recuperará esas cuantías en base a las transferencias que reciben las administraciones por parte del Estado. El sistema no está satisfaciendo a nadie, ya que consideran que la solución no es adecuada y que no cambiará nada si el Ejecutivo central no se decide a usar la mano dura ante los impagos.
