Según ha publicado el Mundo, los dos consejeros son Jesús María Alcalde y María Encarnación Paredes, quienes se prejubilaron con el ERE de 2013 de la entidad financiera, se inscribieron en el paro y, posteriormente, fueron designados consejeros, por lo que desde ese momento han percibido por dicho cargo la nada desdeñable cifra de 100.000 euros al año (no es que sea, precisamente, el sueldo mínimo interprofesional).
El sindicato ha exigido que ambos directivos devuelvan las cantidades percibidas por la prestación de desempleo, además de la investigación de lo sucedido, pues es más que probable que se trata de un delito fiscal al beneficiarse de las exenciones de la indemnización por despido dentro de un ERE.
Liberbank, claro está, defiende su postura e indica que la situación es “perfectamente legal” ya que al no contar estas dos personas en plantilla, no existe relación contractual con ellos.
El sindicato ampliará con hechos la denuncia presentada este mismo lunes ante la fiscalía entre los que ya se recogen “los correos intimidatorios que la dirección de Bancantabria dirigió a su plantilla para evitar filtraciones de información”.
No olvidemos que a pesar de que Liberbank (agrupa CajAstur, Caja Castilla-La Mancha, Caja Cantabria y Caja Extremadura) no ha sido nacionalizada, recibió del Estado, a través del FROB, 1.806 millones de euros desde junio de 2010 en ayudas financieras, según un informe del Banco de España de septiembre de 2013.
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