Ha tenido que ser a través del ‘senior research fellow’ del Oxford Institute for Energy Studies David Robinson quien demuestre, con hechos y por escrito, que en España la mitad de lo que pagamos en la factura eléctrica corresponden a costes de política pública.
A través del informe presentado este mismo lunes, Robinson demuestra que cada por 100 euros del recibo de la luz de los consumidores domésticos, cerca de 51 euros provienen de impuestos, gravámenes y demás conceptos impuestos por los gobiernos para la financiación de las políticas públicas. Este hecho, conocido como “cuña gubernamental”, nos convierte en uno de los países de la UE que mayores cargas soporta debido a diversos conceptos incluidos en los recibos de la luz de los pequeños consumidores.
Gracias a esta política económica, España ‘goza’ de uno de los precios de electricidad para usuarios domésticos más altos de la Unión Europea. Algo que no cuadra mucho si tenemos en cuenta que los costes de distribución o generación de energía son de los más bajos de la UE.
Volviendo a lo indicado en el informe, se recomienda que aumente la competencia entre las eléctricas para alcanzar los objetivos medioambientales marcados, además, claro está, de reflejar que las políticas públicas deben financiarse con recursos ajenos a los de la tarificación eléctrica.
Ahora bien, en relación a los grandes consumidores (industriales), las cifras cambian. Durante el primer semestre del ejercicio del 2013, España ha ocupado el decimoséptimo puesto de la UE en lo que a precios para grandes consumidores industriales respecta. Durante el mismo periodo, para las industrias de tamaño medio, nuestro país ocupó el noveno puesto.
Entre el segundo semestre de 2007 y el primero de 2013, los precios de los pequeños consumidores –los domésticos- aumentaron casi un 60%, con lo que España dejó de ser uno de los países con precios ligeramente por debajo de la media de la UE en 2008 a alcanzar la sexta posición.
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[…] No hay transparencia en los precios de la electricidad. Y no es de extrañar, teniendo en cuenta que son muchos los ex presidentes de gobierno, ex ministros y familiares de estos los que tienen mucho que perder si el Gobierno impusiese una ley de transparencia en este sector y, por supuesto, dejase de captar más de 50% de la factura eléctrica para los costes de política pública. […]