La futura ley de supervisión y solvencia de las entidades de crédito, que aún está analizada en las Cortes, ha recibido un fuerte varapalo por parte del BCE, entidad que a través de un dictamen ha señalado que la norma quedará insensible a corto plazo, además de echar una reprimenda a los dirigentes políticos de nuestro país.
Al BCE no le gusta el diseño de la comisión gestora del Fondo de Garantía de Depósitos, que en el proyecto de ley contempla la presencia de un representante del ministerio de Economía y otro del de Hacienda.
El BCE afirma en el dictamen que los Fondos de Garantía de Depósitos de cada país deben estar tutelados por los gobiernos nacionales, pero únicamente para asegurarse de la asunción de buenas prácticas de gobierno. El BCE teme que la presencia de estos representantes del Gobierno español pueda comprometer de alguna manera la eficiencia del organismo y suponga, de hecho, que el poder ejecutivo interviene en las decisiones relacionadas con las entidades financieras.
La institución dirigida por Mario Draghi considera que los Fondos de Garantía de Depósitos deben participar en los procesos de liquidación de bancos que tengan problemas de viabilidad, aportando recursos económicos, siempre y cuando estas acciones no se olviden la principal función que tienen: proteger los depósitos de los ahorradores.
Por todo esto, y teniendo en cuenta que desde el próximo mes de noviembre, el BCE será “la autoridad competente para autorizar entidades de crédito, revocar autorizaciones y evaluar la adquisición y venta de participaciones significativas en entidades de crédito” de la zona euro, siendo además responsable de controlar a los bancos más importantes, sus prerrogativas solaparán gran parte de las que el proyecto de ley español asigna al Banco de España para las entidades que actúan en España.
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