José Manuel Soria, ministro de Industria, se ha mostrado hoy partidario del fracking, técnica que mediante la fracturación hidráulica permite obtener gas o petróleo, para que España dependa menos del exterior en su abastecimiento energético, siempre que el uso de este procedimiento respete el medioambiente.
Soria ha cuantificado en 100 millones de euros el dinero empleado cada día para comprar gas y petróleo a otros países, por lo que al año, esta factura supone unos 37.000 millones de euros, dado que España es dependiente energético en un 99% de sus necesidades.
Ante esto, el Gobierno central modificó hace algo más de un año la Ley de Hidrocarburos, permitiendo el fracking, “siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones y requisitos legales”.
En cualquier caso, es el Ejecutivo de cada comunidad autónoma quien autoriza el uso o no del fracking en alguna prospección dentro de su territorio, siempre que esta decisión no contravenga lo dispuesto en la legislación básica del Estado.
Este matiz es importante, ya que el Gobierno español ha venido recurriendo todas las leyes anti-fracking que se han aprobado en algunos parlamentos autonómicos, aunque en esos territorios también gobierne el Partido Popular, quienes en una operación de marketing político, a sabiendas de que sería recurrida, apoyaron la medida, como ha ocurrido en Cantabria y La Rioja, entre otros.
El recurso, presentado ante el Tribunal Constitucional, ha derivado en un pronunciamiento judicial que señala la inconstitucionalidad de esa legislación autonómica sobre el uso del fracking, al oponerse a lo dictado en la Ley de Hidrocarburos, reformada el año pasado.
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