El Catastro está rastreando tres millones de viviendas y chalets informándoles de la apertura de un expediente por no haber informado a Hacienda de las alteraciones realizadas en sus inmuebles, un proceso que durará hasta 2016.
La regularización del Catastro permitirá aumentar el dinero recaudado por las corporaciones locales, ya que incrementa el valor de las construcciones, lo que repercute directamente en la cuantía del Impuesto de Bienes Inmuebles.
Este impuesto ha sido el único cuya recaudación ha venido aumentando durante los años de crisis económica y supone el 45% de los ingresos que tienen los ayuntamientos de nuestro país.
Además, los ayuntamientos podrán pedir a los propietarios de estas edificaciones que según el Catastro han sufrido modificaciones, el pago de la parte proporcional que corresponda por el nuevo valor catastral en los últimos cuatro años, a lo que habría que sumar los intereses de demora.
Este nuevo valor que calcule el Catastro, incide también en la imputación de rentas en el impuesto de la renta de las viviendas, dado que los contribuyentes deben tributar entre el 1% y el 2,1% de su valor catastral, ahora elevado.
Del mismo modo, la cuantía del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, valor que tiene relación directa con el valor catastral, y que se calcula cuando una propiedad es vendida, aumentará por el cambio de valor que resultará de la regularización del Catastro.
De momento, esta regularización no se está realizando en las grandes ciudades, zonas donde se acumulan más votantes, y solo se están analizando inmuebles de Murcia, Salamanca y Alicante, lo que hace pensar que con las elecciones municipales de dentro de un año, es muy posible que el Catastro no actúe en estos lugares hasta, como muy pronto, 2016.
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