A pocos meses de la llegada de las Navidades ya aparecen nuevos escándalos económicos en el sector. Y es que, según el comunicado de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se ha abierto un expediente sancionador contra seis de los principales fabricantes de turrón por posibles prácticas anticompetitivas. Vamos, que sospechan de un posible pacto de precios.
Este hecho es consecuencia de cierta información recibida en la CNMC. Concretamente, los días 5 y 6 de noviembre de 2013 se realizaron inspecciones en las sedes de Delaviuda Alimentación, Almendra y Miel, propietaria de marcas tan conocidas como Turrones 1880 y El Lobo, Sanchís Mira (Antiu Xixona), Turrones Picó y Enrique Garrigós Monerris.
Tras la investigación, la CNMC ha detectado indicios racionales de la existencia de conductas porhíbidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LCD). De ahí la apertura de expediente sancionador contra las empresas turroneras por posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la fijación de precios, de forma directa o indirecta, o de otras condiciones comerciales y de servicio, así como el intercambio de información comercialmente sensible en el mercado español, prohibidas en el artículo 1 de la LDC.
De confirmarse las sospechas, la infracción sería muy grave, lo que conllevaría una multa de hasta el 10% del volumen de negocio de las entidades sancionadas en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.
Las empresas turroneras afectadas disponen, a partir de ahora, un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC, sin que la incoación de este expediente prejuzgue el resultado final de la investigación.
Foto | Jonathan Pincas
