Entre las medidas que más notorias en materia económica están la reforma laboral y la reforma financiera. La primera según el criterio de todos los expertos no contribuye a crear empleo, y la segunda está orientada a salvar a los inversionistas. Se trata de reformas a la estructura económica, que además han sido acompañadas de una serie de recortes y o minireformas al aparato estatal, al que ahora se le suma la rebaja de los sueldos a los directivos de empresas estatales, que en cualquier caso parece justa, con un indice de pobreza que sube de manera sistemática.
Sin embargo la reforma más necesaria para impulsar el crecimiento interno y la generación de empleo, aún ni siquiera aparece en el diseño de las posibles políticas. Se trata de una seria restructuración del ordenamiento público para eliminar los obstáculos al emprendimiento, que hoy son enormes no sólo por las normativas; sino sobretodo por los arcaicos procesos de gestión administrativa. Este elemento clave debe ser acompañado por retomar la inversión pública en infraestructura y servicios que ha sido virtualmente congelada.
De lo contrario, los indicadores de recesión que ya se solidifican en la economía española amenazan con alcanzar proporciones bíblicas, según la antigua metáfora de los siete años de vacas flacas. Pues se engaña quien piensa que se puede abandonar el camino de la recesión y del desempleo en un tiempo menor, con estos niveles de inmovilidad y falta de inversión.
