La crisis está consiguiendo que las comunidades autónomas recurran a la venta de alguno de sus servicios al sector privado. Este es el caso de la Generalitat de Cataluña, que para cumplir con sus dos objetivos antes de terminar el año (el primero es conseguir un déficit del 1,5% y el segundo, aportar liquidez a su tesorería para cumplir con los requisitos que se le exigen) ha tenido que negociar y recurrir al dinero de la empresa privada. A día de hoy es más sencillo cumplirlos ya que el gobierno catalán ha firmado esta semana con Abertis una concesión por 25 años de dos de las infraestructuras más rentables, como son los túneles de Vallvidriera (Barcelona) y del Cadí (Lérida).
Con esta segunda privatización se van a ingresar en efectivo de 309,6 millones de euros, aunque a efectos contables se registra la cuantía total del mismo, que asciende a 430 millones, pues esa diferencia se abonará al finalizar el periodo de contratación con un interés del 6%.
Estos ingresos provenientes de la privatización de algunos servicios, más los 1.000 millones que se consiguieron con la venta del suministro en alta del agua en el área de Barcelona a la empresa Acciona, van a tener un papel fundamental a la hora de cuadrar las cuentas en la administración.
La venta de la concesión de los túneles no ha sido tarea fácil, ya que la primera convocatoria que sacó la Generalitat quedó desierta y hubo que negociar, con un cambio de plazos de por medio, con la empresa Abertis, que acudió a la firma en alianza junto al banco de inversión brasileño BTGPactual, que participa con un 65% en el consorcio.
