José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, ha señalado hoy que la Unión Europea está obligada a defender las empresas de sus estados miembros en el caso de que se produzcan expropiaciones en terceros países, como ha ocurrido recientemente en Bolivia.
Para García-Margallo, las acciones que debe emprender Europa tienen que tender a “disuadir a los países que quieran incumplir los principios básicos que rigen las relaciones comerciales o las relaciones de inversión“.
El ministro ha citado el Tratado de Lisboa, en cuyo articulado se hace referencia clara a estas cuestiones cuando señala que “obliga a las instituciones de la Unión a proteger a todas las empresas europeas, y que esa protección debe plasmarse en medidas concretas“.
Algunas de esas medidas podrían ser la elaboración de una lista con los países en los que no se cumplen las reglas básicas de comercio e inversión, así como un riguroso análisis de la situación de estos temas en todos los países del mundo ó la internacionalización del conflicto a exponer el tema en los organismos internacionales competentes.
Refiriéndose a la última expropiación de una empresa española en Bolivia, la de la administradora de aeropuertos Sabsa, García-Margallo ha afirmado que el tema aún no ha sido enviado a la Unión Europea pero confía en que las autoridades comunitarias realicen un análisis del asunto y propongan soluciones a nivel general, ya que no solo se están viendo perjudicadas las empresas de nuestro país, sino que el conflicto se extiende a otros países comunitarios.
El ministro de Asuntos Exteriores ha comentado que nuestro país siempre ha contado con el respaldo de la Unión Europea en estos temas y puso como ejemplo la expropiación argentina de la petrolera YPF, propiedad de la española Repsol, un asunto en el que “no hemos sentido nunca estar solos“.
