La reforma energética que aprobó el Gobierno en julio está siendo muy contestada por todos los sectores implicados. Uno de los más importantes ha venido de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que tras analizar el contenido de la reforma, la ha definido como “discriminatoria“:
Unos días después de este rechazo, el Gobierno de Extremadura, del mismo color político que el Ejecutivo central, ha anunciado que recurrirá la reforma al Tribunal Constitucional para defender sus intereses, ya que consideran que la norma es opaca, unilateral y aprobada sin el consenso necesario.
Incluso desde Europa llueven las críticas, ya que la Comisión Europea ha recordado a nuestro país que debe garantizar el futuro de las energías renovables y los compromisos firmados sobre emisiones y eficiencia energética.
La CNE publicó hace poco un documento en el que sugiere la eliminación del peaje al autoconsumo eléctrico por usar la red pública, que consiste en el cobro de un canon a aquellos que producen su propia electricidad, teniendo que regalar a las empresas eléctricas la que produzcan en exceso sin recibir compensación alguna.
El organismo señala que la propuesta del Gobierno respecto al autoconsumo eléctrico es “discriminatoria con respecto al resto de consumidores y adolece de una disfunción grave al hacer inviables los proyectos e imposibilitar el desarrollo del autoconsumo en la práctica“.
Para Julio Barea, portavoz de Greenpeace España “lo que plantea el Gobierno es desmantelar el sistema de las renovables, no sólo porque no crean en él, sino por contentar a las grandes eléctricas. El propio peaje de respaldo es un término inventado y propuesto por Iberdrola. Han hecho un lobby brutal y el Ministerio ha claudicado.”
