Nuestro país sufre un nivel de desempleo que llega a los seis millones de personas y no hay protestas, huelgas generales ni estallidos sociales, algo que solo puede explicarse por el gran calado que tiene la economía sumergida en España.
Un informe del servicio de estudios de La Caixa señala que su importancia equivale a un 18,6% del Producto Interior Bruto, que en datos laborales representa un millón de empleos irregulares.
Si se consiguiera erradicar la economía sumergida por completo, las arcas públicas verían aumentar sus cifras en una cantidad que se mueve entre los 60.000 y los 80.000 millones de euros, dato escalofriante si se tiene en cuenta que la recaudación de 2012 fue de 347.000 millones.
Pero, ¿Por qué hay tanto fraude fiscal en España? Las respuestas de los expertos son básicamente dos: En primer lugar, lo complicado que resulta para muchos pequeños empresarios la legislación laboral, junto con los engorrosos tramites que habría que realizar para regularizar la situación ilegal, y en segundo lugar que a muchos autónomos cotizar les resulta muy caro, y no hay que olvidar que es este colectivo el que más economía sumergida acumula.
El director de mercados financieros del área de estudios de La Caixa, Avelino Hernández, señala que para reducir la incidencia de la economía sumergida en nuestro país habría que trabajar en dos áreas al mismo tiempo. Aumentar las sanciones para hacerlas ejemplarizantes y que desde las administraciones públicas se apueste por ayudar al empresario ilegal a regularizar su actividad. Cuestiones ambas que son imposibles sin que se de una simplificación administrativa y una potencial amnistía fiscal.
