La mayoría de los estados de la Unión Europea no creen necesario poner fin al roaming, ese sobrecoste que hay que abonar cuando se habla por el móvil desde un país extranjero. Piensan que terminar con este servicio acarrearía problemas a las empresas de telecomunicaciones, además de considerar prematura la idea.
Hace un mes, Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comisión Europea, presentó un plan que buscaba que desde mediados de 2014 las empresas no cobrarán más a sus usuarios de telefonía móvil si reciben llamadas desde un país distinto al suyo. En el caso de que el usuario quiera llamar, las empresas con cobertura nacional deberían acordar con los clientes extranjeros que desean utilizar sus redes durante el tiempo que permanezcan en ese país, el mismo tipo de tarifa que cobra a sus clientes nacionales.
Los países de la Unión afirman que el roaming supone un sobrecoste injusto, pero ven excesivo el plan presentado por la Comisión Europea, alegando que “¿Cómo vamos a compensarlos por el negocio que pierden? Se resentirá la inversión“.
Desde Bruselas se rechazan estas quejas y afirman que fueron los propios estados miembros quienes pidieron el plan, al tiempo que espera que el Parlamento europeo lo apoye en abril para ser aprobado, de forma definitiva y como muy tarde, a finales del 2014.
En Europa existen más de 40 operadores de telecomunicaciones y 28 sistemas jurídicos distintos que regulan sobre la materia. Es ahí donde los dirigentes comunitarios quieren cambiar el escenario, para que los operadores más importantes puedan trabajar a nivel internacional y a lo que se resisten muchos países, que ven peligrar sus pequeños operadores nacionales o prefieren que el mercado se regule por si solo, sin intervención política desde Bruselas.
