El ministerio de Hacienda, en respuesta a una pregunta de Susana Sumelzo, diputada socialista, ha desvelado que la suspensión de la paga de Navidad a los funcionarios en 2012 permitió ahorrar 985 millones de euros a las arcas públicas.
El Ejecutivo central ha señalado que esta cantidad económica está basada solo en las nóminas y remuneraciones de los funcionarios y altos cargos que dependen del Estado, cifra a la que habría que sumar el dinero ahorrado por las restantes administraciones públicas en las retribuciones de sus empleados.
El Gobierno, aunque no deja claro en su respuesta en que ha empleado ese dinero, afirma que los objetivos principales en los que trabaja son la estabilidad de las cuentas públicas y la consolidación fiscal, además de hacer sostenibles la sanidad, la educación, las pensiones y el sistema de I+D+i.
Tras aprobar el Decreto-Ley que supuso la eliminación de esta paga extra, en julio del año pasado, Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, cuantificó en 6.315 millones el ahorro que se iba a producir en las administraciones públicas con todo el paquete de medidas que traía asociado, como la reducción del número de liberados sindicales o el descenso de días de libre disposición.
Esa cantidad fue corregida posteriormente por el ministerio de Economía y Competitividad y tras publicar una nota de prensa al respecto, dejaba en 5.430 millones de euros el ahorro que suponía para todas los niveles de la administración pública en España, Estado, Comunidades Autónomas y administraciones locales, la supresión de la paga de Navidad de 2012.
Al mismo tiempo, y dado que a los empleados de las administraciones públicas se les reducía el sueldo con la eliminación de esa paga extra, también se producía un descenso en la recaudación de IRPF proveniente de las deducciones de sus nóminas, una situación que hacia perder 1.000 millones de euros a la Hacienda Pública.
