Mariano Rajoy se ha comprometido con Fabra, presidente de la Generalitat Valenciana, a traspasarle 420 millones de euros a fin de mes para adelantar pagos a proveedores. La gimnasia bancaria de este tipo puede leerse de varias maneras y el gesto político también. Por una parte es absolutamente necesario este traspaso pues las arcas valencianas están más que en quiebra. Pero por otra parte, no es fácil olvidar que estas quiebras obedecen a 16 años de despilfarros y mala administración del PP, y también es de justicia mencionarlo, tales despilfarros han sido acompañados de escándalos cuantiosos de corrupción.
Probablemente otras comunidades también tendrán problemas para cubrir deudas, y es de esperar que el ejecutivo tenga también la misma disposición a ayudar a otras autonomías; pero el saco del ejecutivo tiene fondo. En este contexto vale la pena preguntarse de qué manera el ejecutivo puede vigilar los gastos de las comunidades, sin traspasar el principio autonómico. Es un debate complejo, pues el principio autonómico es un avance democrático; pero si el ejecutivo central pone recursos es también responsable del uso de esos recursos.
Por el momento, los acreedores de la Generalitat pueden estar tranquilos por el milagro de las arcas de Valencia; pero Rajoy debe tratar con precaución estos asuntos, porque la asistencia a las administraciones autonómicas va a ser un tema difícil y no se pueden sentar precedentes de favoritismo político.
