El Gobierno aprobó ayer la privatización parcial del 49% de AENA, sociedad pública que es propietaria de la mayoría de los aeropuertos de nuestro país. El Ejecutivo de Mariano Rajoy busca con este proyecto que AENA pueda competir en los mercados internacionales y continúe gestionando nuestra red aeroportuaria, para dar el servicio público necesario de transporte aéreo.
La privatización de AENA se realizará en dos fases. En la primera, el ministerio de Fomento colocará el 21% de la sociedad a lo que ha denominado como “núcleo estable” de accionistas, inversores de referencia a los que en principio se les haría firmar un compromiso de permanencia en el accionariado por tres años. La elección de estos accionistas se hará por concurso y derecho de concurrencia y estará finalizada para el mes de septiembre.
La segunda fase de la privatización de AENA se hará mediante oferta pública de acciones y supondrá un 28% del capital. Las acciones saldrán a bolsa y los inversores minoritarios podrán acudir a ella en las condiciones que marque el folleto de la operación que se publicará en octubre por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, empezando a cotizar en noviembre.
José Manuel Vargas, presidente de AENA, afirmó recientemente que el valor de la empresa podría ser de unos 16.000 millones de euros, cantidad de la que habría que descontar su deuda, superior a los 11.000 millones, por lo que tras todas las operaciones contables, el Estado podría recaudar con esta privatización unos 2.450 millones de euros, cantidad que iría destinada a reducir nuestro déficit público.
Desde la oposición política y los sindicatos se ha criticado esta medida ante la sospecha de que la finalidad oculta sea repartirse el negocio de los aeropuertos rentables perjudicando en última instancia a los usuarios de los mismos.
Foto | visualpanic
