El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha decidido que el “céntimo sanitario” es contrario a la legislación comunitaria. Este impuesto gravaba el consumo de carburantes y su recaudación era destinada a financiar los sistemas de salud de las distintas comunidades autónomas.
El impuesto fue creado en 2002 y cedido para su aplicación a los gobiernos autonómicos, que salvo Canarias, País Vasco, La Rioja y Aragón, lo fueron poniendo en marcha con incrementos sobre el precio del litro de carburante que oscilan entre los 1,2 y los 4,8 céntimos.
Desde el ministerio de Hacienda se han apresurado en señalar que el “céntimo sanitario” está derogado desde los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y el propio ministro Montoro, ha declarado que nuestro país acepta la sentencia “como no puede ser de otra manera, somos Europa y acatamos completamente esa sentencia”.
Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte en España se han hecho estimaciones que afirman que cada camionero, si hablamos únicamente de los últimos cinco años, puede exigir la devolución de una cantidad media de 16.000 euros por el cobro de este impuesto ilegal, cuantía que baja a los 14.000 euros en el caso de un conductor de autobús, por lo que el reintegro de estos ingresos indebidos supondría un gasto para el Estado de unos 2.300 millones de euros.
El sindicato de Técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha), ha aclarado que los ciudadanos que quieran reclamar las cantidades cobradas por el “céntimo sanitario” a la Agencia Tributaria, solo podrán hacerlo por lo que hubieran abonado entre marzo de 2010 y diciembre de 2012, ya que los periodos anteriores ya han prescrito.
