Rosa Diez, portavoz de UPyD en la Cámara Baja, sospecha que la obligación que tendrán las comunidades de propietarios de que sus edificios estén certificados en materia de eficiencia energética oculte la creación de una nueva tasa que permita recaudar más ingresos al ministerio de Hacienda.
La directiva comunitaria de Eficiencia Energética de los Edificios ha cumplido ya diez años, aunque recientemente ha sido modificada, aunque su articulado aún no ha sido traspuesto a las leyes españolas, por lo que nuestro país ha sido denunciado, ante el Tribunal de Luxemburgo, por la Comisión Europea.
La directiva señala que su intención es “fomentar la eficiencia energética de los edificios sitos en la Unión teniendo en cuenta las condiciones climáticas exteriores y las particularidades locales, así como las exigencias ambientales interiores y la rentabilidad en términos coste-eficacia”.
Sin embargo, el Gobierno español, en 2007, no aplicó la normativa, sino que aprobó un Decreto de Certificación Energética de Edificios, el cual “obliga a que todo edificio nuevo o que sufra grandes rehabilitaciones disponga de un certificado de eficiencia energética”.
La patronal de Empresas de Eficiencia Energética ha comentado que no se está cumpliendo ni la directiva ni el Decreto, ya que las comunidades autónomas no han creado legislación al respecto y no hay nada claro en relación con la forma y el cobro del etiquetado.
En este sentido, Diez ha señalado que “los nuevos acontecimientos dan una nueva oportunidad al Gobierno para que demuestre su compromiso con la disminución del déficit tarifario. La publicación de la directiva de Eficiencia Energética de 2012 pretende potenciar el ahorro energético y por tanto, ayudaría a reducir el déficit de tarifa acumulado por nuestro país, por lo que es necesario implementar medidas coordinadas con las administraciones autonómicas que incidan en la educación de la ciudadanía y la adecuación de las viviendas, locales comerciales y edificios de las administraciones públicas para un mayor ahorro energético”.
Todo pinta que esta nueva medida tomada por el gobierno es otro impuesto encubierto. Otra forma de grabar un aspecto que hasta ahora no estaba grabado. Para el resto de los españoles solo es otro agujero que nos aprieta un poco mas el cinturón…