La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), ante el inicio inmediato del proceso, ha pedido a Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad del Gobierno de España, que clarifique como va a plantearse el sistema de arbitraje que afecta a aquellas personas que compraron en su momento participaciones preferentes de Bankia.
Hay que recordar que las participaciones preferentes son productos financieros con unas características distintas de las acciones normales de cualquier sociedad y que se pueden resumir en:
- El cobro del interés fijado dependerá de que el banco o caja que las emita obtenga beneficios.
- No tienen un plazo determinado, aunque el banco o caja puede cancelarlos después de cinco años.
La organización ha enviado un comunicado de prensa a los medios de comunicación, en el que señala textualmente que “la OCU critica la falta de transparencia de este procedimiento y la escasa información facilitada por las autoridades de Consumo“. En opinión de la Organización de Consumidores y Usuarios, el organismo que tiene que realizar este arbitraje debe acometer su actuación con “imparcialidad e independencia”.
El Ejecutivo de nuestro país ha encargado la labor de arbitraje de este conflicto a la Junta Arbitral Nacional de Consumo, un organismo que depende del Instituto Nacional del Consumo, el cual, forma parte del organigrama del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dirigido por Ana Mato.
La OCU ha señalado en su nota de prensa que no se fía de la capacidad de la Junta Arbitral Nacional de Consumo para poder solucionar este asunto, dada la escasa dotación técnica y humana con la que cuenta.
