Patronal y sindicatos han llegado a un acuerdo, que se firmará mañana, para que los convenios colectivos que están siendo negociados en estos momentos no decaigan el 8 de julio, fecha que suponía el año máximo de prorroga de los convenios una vez caducada su aplicación temporal, lo que se viene conociendo como la “ultraactividad“.
El acuerdo alcanzado recoge que si las partes negociadoras no consiguen ponerse de acuerdo, o si una de ellas considera que no hay posibilidad de seguir negociando, será necesario acudir a una mediación obligatoria o un arbitraje voluntario, que en este último caso se traducirá en un laudo de obligado cumplimiento.
La prorroga de un año de los convenios caducados, que podía ser utilizada por las partes para dilatar las negociaciones y dar por finiquitado el mismo, podía suponer que los trabajadores perdieran las condiciones pactadas en esos acuerdos, ya que la empresa podría recurrir a un convenio de ámbito superior o incluso al Estatuto de los Trabajadores, circunstancias ambas que perjudicaban los avances obtenidos en una convenio de nivel inferior.
La mayor dificultad en este asunto es obtener un censo definitivo de los convenios que aún están por revisar y a cuantos trabajadores afectan, un dato que desconocen tanto los sindicatos como la patronal y para lo que han pedido ayuda al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a la hora de elaborar un listado lo más fiable posible.
Y es que hay casos muy variopintos entre los convenios que no han sido firmados todavía. Hay desde convenios en los que ambas partes decidieron que quedaban denunciados al vencer su duración y que por no ajustarse al cien por cien a la normativa no están en los registros oficiales, a convenios de empresa que han tenido que cerrar por la crisis u otros que después de su denuncia, en plenas negociaciones se optó por olvidar su renovación y usar otro convenio de ámbito superior más ventajoso para las partes.
