Hasta ahí podíamos pensar que no hay mayor importancia (aunque la tenga), pero es que, además, este 20% de contribuyentes son los que más fraude fiscal cometen. Exactamente un 71,8% del fraude fiscal total del país se corresponde con las grandes fortunas y grandes empresas.
El 80% restante de los contribuyentes apenas acumula el 56% de los ingresos, con lo que queda reflejado el alto nivel de desigualdad social y económica que sufrimos. Además, el 20% de los declarantes “más pobres” solo representa el 6,6% de los ingresos totales.
Según los técnicos del Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) concentra el 80% de los recursos a lo más fácil, que consisten en la investigación de autónomos, microempresas, pymes y asalariados en vez de perseguir el fraude de las multinacionales y grandes compañías del país.
Desde el comienzo de la crisis se ha disparado la diferencia entre los contribuyentes más ricos y el resto de asalariados. Es tal la brecha que ya son más de nueve millones de personas las que viven por debajo del umbral de la pobreza en España, un 28,8% más que en 2007 (año previo a la crisis).
Para conseguir una recaudación adicional de 3.400 millones de euros al año, Gestha propone la creación de un Impuesto sobre la Riqueza de ámbito estatal en vez de seguir explotando a los más débiles.
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