Según el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, el objetivo de este convenio reside en “poner fin a las duplicidades que existían hasta ahora”.
Supuestamente, el hecho de que Cruz Roja y el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid extraigan sangre, la procesen, almacenen y distribuyan en los hospitales de forma independiente, es algo que duplica el trabajo y el mantenimiento de los centros.
Con el convenio recién firmado lo que se consigue es que Cruz Roja se limite exclusivamente la extracción de sangre en sus respectivos autobuses mientras que el centro de transfusión de la comunidad se encargará del resto del proceso, pudiendo también practicar extracciones en sus instalaciones. Gracias a este nuevo acuerdo, la comunidad pagará a Cruz Roja 9.300.000 millones de euros.
Ni qué decir tiene que los trabajadores del centro público llevan semanas protestando por este nuevo convenio, al que consideran como “el inicio de la privatización” de la gestión de la sangre. Denuncian que la Comunidad de Madrid especule con donaciones basadas en “el altruismo y la solidaridad”. Además de temer la pérdida de 130 puestos de trabajo, a lo que el consejero ha asegurado que no habrá despidos: “Todas las personas de todas las categorías que trabajan ahora mismo en el ámbito de donación en centros de transfusión van a mantener su puesto de trabajo, incluido el personal interino o eventual”.
Tiempo al tiempo.
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