Felip Puig, consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat de Cataluña, ha señalado hoy que el Govern catalán tiene la intención de presentar un recurso al Tribunal Constitucional para que este organismo determine si la indemnización que el Gobierno central ha aprobado para las empresas que desarrollaron el proyecto Castor es constitucional o no.
Ayer, el Parlament de Cataluña aprobó con todos los votos de los diputados, excepto los del Partido Popular, una moción de ICV por la que se pedía al Govern que presentará este recurso de inconstitucionalidad.
Puig ha afirmado también que el Ejecutivo catalán informará a la Comisión Europea de este asunto para que desde Bruselas se realicen las valoraciones que consideren oportunas.
La Generalitat catalana, por boca de Felip Puig, ha lamentado que mientras el Gobierno de Mariano Rajoy se ha dado mucha prisa en indemnizar a las empresas promotoras del almacén de gas en aguas del Mediterráneo, hay muchos ciudadanos catalanes que tienen serios problemas para cubrir para sus necesidades energéticas básicas.
En este sentido, el Ejecutivo catalán ha dejado claro que pondrá todo su empeño en que la paralización del proyecto Castor y la indemnización millonaria que recibirán el conjunto de empresas liderado por ACS, no repercuta en subidas del recibo de gas para empresas y familias de Cataluña.
EL Real Decreto por el que se aprobaba la indemnización a las empresas del proyecto Castor señala que serán los usuarios del gas quienes pagarán, a través de sus recibos, durante 30 años la indemnización de 1.350 millones de euros por la paralización del proyecto Castor, un almacén de gas en aguas del Mediterráneo que fue el causante de pequeños terremotos en la costa de Castellón y Tarragona.
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