El Tribunal de Cuentas, en su informe sobre la gestión de la Fundación Tripartita, ha observado cómo se desvía injustificadamente dinero para la formación a empresas que no pertenecen a los agentes sociales, responsables de la gestión de estas cuantías económicas.
Según el Tribunal de Cuentas se trata de una práctica habitual por parte de patronal y sindicatos, las cuales subcontratan a empresas especializadas en formación para que impartan las acciones formativas que en principio deberían realizar los propios agentes sociales.
El organismo afirma que las subvenciones que reciben sindicatos y patronal para cursos de formación no cumplen los requisitos de objetividad y transparencia, ya que según la normativa actual, estas organizaciones “deben intervenir “en el diseño, planificación, solicitud, concesión y ejecución de los planes de formación”.
El Tribunal de Cuentas ha detectado que se supera el porcentaje de subcontratación que permite la ley, fijado en el 50%, ya que solo durante el año 2010, un 75,6% de los convenios de planes de formación fueron subcontratados posteriormente.
El informe destaca también que sindicatos y patronal no cumplen la obligación de medir y evaluar la calidad de los cursos formativos que imparten, realizando únicamente encuestas de satisfacción a los alumnos participantes, sin conocer realmente si esa acción formativa permitirá aumentar la empleabilidad de sus beneficiarios o si aumentará la productividad de las empresas en las que posteriormente trabajen.
Tribunal de Cuentas advierte de la inexistencia de sistemas de control horario en los cursos de formación, lo que hace imposible conocer de forma exacta el coste en personal de estos planes formativos, que solo en 2010 tuvieron un presupuesto total de 50,2 millones de euros.
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