El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a España a pagar 30 millones de euros por no recuperar el importe de las ayudas irregulares concedidas a empresas situadas en el País Vasco, las denominadas vacaciones fiscales. El Estado ha recuperado los cerca de 500 millones de euros que concedió en su momento, pero fuera de plazo.
La Comisión Europea había pedido que la multa fuera de 65 millones de euros, cifra que la abogada general rebajaba a 50, por lo que nuestro país puede darse por contento con la sanción determinada.
El asunto se inició en 2001 cuando el Ejecutivo comunitario declaró como ilegales seis modalidades de ayudas fiscales que otorgaban las tres diputaciones forales vascas, exigiendo que fueran devueltos los importes ya entregados. Las ayudas consistían en créditos fiscales para inversiones y exenciones de impuestos con carácter temporal, lo que permitía a las nuevas empresas asentadas en el País Vasco pagar menos por el impuesto de sociedades durante los primeros cuatro años que tuvieran beneficios.
El TJUE afirma en su sentencia que la justificación de la condena está relacionada con el retraso en recuperar las ayudas de las vacaciones fiscales, una obligación que tenía el Gobierno español desde una sentencia del mismo Tribunal de 2006. Además, el Tribunal señala que esas ayudas perjudicaban a la libre competencia de otras empresas no asentadas en el País Vasco, por lo que la devolución de los importes de las vacaciones fiscales debía haberse realizado de forma diligente y eficaz.
Por si esto no fuera suficiente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da un tirón de orejas a nuestro país porque ya ha sufrido varias sentencias resolviendo recursos en el mismo sentido que la de hoy, por lo que, según reza la sentencia “esta reiteración de comportamientos ilícitos de un Estado miembro requiere que se adopte una medida disuasoria, como la condena al pago de una suma a tanto alzado”.
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