La reunión de hoy del Consejo de Ministros ha servido para desestimar varias reclamaciones presentadas por empresas fotovoltaicas por los perjuicios que les supone el Real Decreto 14/2010 que buscaba corregir el déficit de tarifa eléctrica.
Esta normativa fue aprobada por Miguel Sebastián, ministro de Industria del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y cambiaba las condiciones económicas de las instalaciones de régimen especial, creando un peaje a la generación de electricidad, aumentaba la vida útil de las plantas fotovoltaicas y limitaba las horas anuales con prima retribuida.
Las empresas exigían indemnizaciones por esta limitación, ya que les supuso la eliminación de la prima por superar las horas máximas durante 2011 y 2012.
El Ejecutivo español ha desestimado estas reclamaciones tras recibir un dictamen favorable en este sentido del Consejo de Estado.
Los argumentos para esta desestimación se basan, según el Gobierno, en que el Tribunal Constitucional no han declarado inconstitucional el Real Decreto, en el no perjuicio que supone la limitación horaria y añade además que al tratarse de un sector productivo tan nuevo, el concepto de seguridad jurídica tiene que ser revisado continuamente.
Por todo esto, el Gobierno señala que “son legítimos los cambios que se produzcan en el régimen de primas, siempre que no menoscaben el derecho a la retribución razonable”.
Por último, desde el Ejecutivo se considera que la limitación horaria no tuvo carácter retroactivo ni fue arbitraria, además de poder recibir las primas durante cinco años más de lo inicial.
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